El derecho penal en Chile es una rama del sistema legal encargada de regular y sancionar las conductas delictivas. Se basa en el Código Penal chileno, que establece los delitos, las penas y los procedimientos para la persecución y juzgamiento de los infractores.

El derecho penal chileno se fundamenta en los principios de legalidad y culpabilidad. El principio de legalidad establece que no puede haber pena sin ley previa que así lo establezca, es decir, que solo se puede castigar aquello que está expresamente tipificado como delito en la legislación. El principio de culpabilidad, por su parte, implica que solo se puede condenar a una persona si se demuestra su participación voluntaria y consciente en la comisión de un delito.

El sistema penal chileno contempla diversas penas para los delincuentes, que van desde multas y penas privativas de libertad, como la prisión, hasta penas alternativas, como el trabajo comunitario. Además, se establece la posibilidad de aplicar medidas de seguridad, como la libertad vigilada, para aquellos casos en los que se considere necesario proteger a la sociedad o rehabilitar al delincuente.

El proceso penal en Chile se rige por el principio de contradicción, que garantiza a las partes involucradas en el proceso la posibilidad de presentar pruebas y argumentos en su defensa. Además, se reconocen los derechos fundamentales de los imputados, como el derecho a la defensa, el derecho a no autoincriminarse y el derecho a un juicio justo.

En los últimos años, el derecho penal chileno ha experimentado modificaciones importantes para adaptarse a los desafíos y necesidades de la sociedad. Se han fortalecido los mecanismos de protección a las víctimas, se han incorporado nuevas figuras delictivas, como el femicidio, y se han implementado medidas para agilizar los procesos judiciales y mejorar la eficacia del sistema penal.